La propuesta de ley presentada por el senador Rafael Barón Duluc (Cholitín) para elevar a municipio a Verón–Punta Cana ha encendido uno de los conflictos territoriales más relevantes de los últimos años en la región Este del país.
Lejos de ser un simple trámite legislativo, la iniciativa ha revelado tensiones históricas entre el pujante distrito turístico y el municipio cabecera, Higüey, cuyas autoridades y sectores sociales consideran que esta separación puede tener efectos devastadores para su economía.
La discusión ha escalado rápidamente del plano técnico al político y emocional, activando discursos de identidad, reclamos de autonomía y temores por la sostenibilidad de los recursos municipales.
Y todo esto ocurre en el contexto de una provincia que representa una de las columnas económicas más importante e influyente del país, gracias a su enorme contribución desde el turismo, la inversión extranjera y la generación de empleos.
Entre el derecho legal y el reclamo social
Con más de 138,000 habitantes según el Censo 2022 (y proyecciones especulativas que superan los 200,000), un territorio de 450 kilómetros cuadrados y la mayor concentración de infraestructura turística del Caribe insular, Verón–Punta Cana ha dejado de ser un distrito rural para convertirse en una gran metrópoli en formación.
Desde la Junta Municipal, el director distrital, Ramón Ramírez (Manolito), vocales, activistas sociales y líderes de distintas agrupaciones políticas han reclamado con firmeza que ya no es sostenible seguir dependiendo del Ayuntamiento de Higüey para tomar decisiones fundamentales sobre ordenamiento territorial, servicios básicos y planificación del crecimiento urbano.
Argumentan que la zona genera recursos suficientes para sostener su propia administración y que cumple con todos los criterios establecidos en la Ley 176-07 y la Ley 368-22 para ser elevada a municipio.
"No podemos seguir permitiendo que Verón-Punta Cana sea solo el lugar que produce, pero que no recibe lo justo. Esto compromete la capacidad de inversión en obras, servicios e infraestructura para la gente que vive y trabaja aquí", apunta Ramírez.
Ramírez insiste en que, de continuar esta desproporción, se profundizará la brecha entre la riqueza generada en la zona y los servicios que recibe su población. Además, señala que la falta de autonomía limita la capacidad de inversión en obras, servicios e infraestructura para los residentes de Verón-Punta Cana.
"El que debe buscar una compensación a Higüey es el gobierno central. Verón necesita administrar sus propios recursos", afirmó el vocal Uridy Marte.
- Por su parte, Marcelle Flores advirtió que "no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que se entorpezca la elevación a municipio. Está bueno de vivir a costilla de este pueblo pujante".
En 2024, la República Dominicana recibió un total de 11,192,047 visitantes. De estos, aproximadamente el 59 % ingresó por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, consolidándolo como la principal puerta de entrada al país.
En los últimos dos años, en esa zona se aprobaron proyectos que suman más de 14,800 habitaciones adicionales, con una inversión estimada de 994.7 millones de dólares.
Sin embargo, el liderazgo social, político y económico denuncia que los servicios básicos siguen rezagados: agua potable, transporte, salud y seguridad aún dependen de gestiones centralizadas.
Higüey reacciona
Desde Higüey, el proyecto ha sido recibido con preocupación y rechazo. La alcaldesa Karina Aristy, acompañada de regidores, líderes comunitarios y organizaciones sociales, ha advertido que la separación de Verón pondría en peligro hasta el 40 % del presupuesto municipal, lo que afectaría directamente la ejecución de obras, servicios comunitarios y programas sociales.
"Esto no se trata de una familia ni de una gestión, se trata de Higüey. Y debemos defenderlo todos, a una sola voz", expresó Aristy en un acto público.
La alcaldesa también cuestionó que la vista pública realizada en Bávaro se hiciera sin consultar a las autoridades del municipio cabecera, calificándola como una "acción antidemocrática".
Sectores como Comunalt+ también han expresado su preocupación. Su presidente, Cirio Castillo Valdéz, señaló que la iniciativa ha sido mal manejada, sin consulta ni planificación. "Separar políticamente a Verón de Higüey podría convertirse en el golpe económico más fuerte para la ciudad en su historia reciente", afirmó.
Postura del senador Duluc: "La ley ya decidió"
El proponente del proyecto, senador Rafael Barón Duluc, ha insistido en que la Ley 368-22 ya otorga autonomía plena a distritos como Verón, al garantizarles competencias en planificación urbana, uso de suelo y gestión de recursos si superan los 15,000 habitantes.
- "La autonomía de Verón ya no depende de que se le dé el título de municipio. En lo práctico, ya funciona con independencia. Lo que queda pendiente es un reconocimiento institucional", declaró Duluc.
El senador altagraciano pidió que el gobierno central compense a Higüey por la pérdida de ingresos, pero que no se detenga el avance legal y administrativo de Verón-Punta Cana por temores o intereses tradicionales.
Más allá de los argumentos técnicos y presupuestarios, el conflicto ha revelado fallas profundas en la forma en que se gestionan las decisiones territoriales en el país. En vez de promover el diálogo estructurado, el proceso ha estado marcado por acciones unilaterales, enfrentamientos discursivos y desconfianza entre las partes.
Algunos actores han propuesto como vía intermedia la creación de una mancomunidad entre Verón e Higüey, que permita una transición progresiva, sin fracturas abruptas ni daños colaterales.
Pero lo cierto es que este debate sobre la municipalización de Verón–Punta Cana tendrá que resolverse con soluciones basadas en la legalidad, el consenso y la madurez política.
Y lo que se decida indudablemente impactará no solo a los gobiernos locales, sino en la economía nacional y percepción de estabilidad en una de las zonas de mayor inversión extranjera del país.
