Chile y la República Dominicana, dos democracias latinoamericanas con trayectorias distintas pero desafíos económicos comunes, muestran realidades contrastantes en materia de endeudamiento. Aunque el país sudamericano fue considerado durante décadas un modelo a seguir en la región, la distribución de la riqueza y la desigualdad siguen siendo tareas pendientes, al igual que en territorio dominicano.
En el caso chileno, el Banco Central informó que la deuda externa alcanzó los 260,000 millones de dólares al cierre de junio, cifra equivalente al 75 % del producto interno bruto (PIB). La agencia EFE destacó este lunes el informe de la institución monetaria chilena
El incremento fue impulsado por las transacciones del Gobierno (+2,771 millones de dólares) y del sector bancario (+2,724 millones). A ello se sumó el aumento en los compromisos de empresas y entidades de inversión extranjera directa (+698 millones) y de otras compañías (+961 millones).
La deuda de corto plazo residual suma 66,655 millones de dólares, concentrada en empresas y bancos, lo que expone al país a presiones inmediatas de liquidez.
Otro factor de riesgo es la composición en moneda: 81 % está denominada en dólares estadounidenses, lo que lo hace sensible a las fluctuaciones cambiarias. No obstante, el Gobierno proyecta que la deuda del sector público no financiero cerrará 2025 en 46.6 % del PIB, con tendencia a moderarse en los próximos años.
El caso dominicano
En la República Dominicana, aunque el volumen de la deuda externa no figura en el último informe oficial, la presión se observa con fuerza en el pago de intereses. Este año se presupuestaron 298,486.4 millones de pesos, cifra que ya se proyecta superar en más de 24,000 millones de pesos en el Presupuesto General de 2026. Para el próximo año, el desembolso estimado asciende a 322,560.9 millones de pesos, lo que representa un incremento de 8 % respecto a 2025.
Solo en el primer semestre de este año, el Estado dominicano destinó 146,639.3 millones de pesos a intereses, un gasto que limita la capacidad fiscal para atender prioridades sociales y de inversión.
Este escenario refleja cómo, en ambos países, el financiamiento de la deuda sigue absorbiendo recursos que podrían destinarse a cerrar brechas de desigualdad y mejorar la calidad de vida de la población.
El contraste entre Chile y la República Dominicana evidencia distintas dimensiones de un mismo desafío: mientras Santiago administra un alto volumen de deuda externa con planes de estabilidad fiscal a mediano plazo, Santo Domingo enfrenta el peso creciente de los intereses en su presupuesto.
En ambos casos, la sostenibilidad de la deuda se convierte en un factor clave para el futuro de sus democracias, aún con tareas pendientes en materia de equidad y distribución de la riqueza.
