El Colectivo Migración y Derechos Humanos, integrado por diversas organizaciones y articulaciones del sector social, en seguimiento al proceso convocado por el Consejo Económico y Social (CES), está desarrollando un proceso de socialización con el sector social motivando y enriqueciendo sus contribuciones para orientar una política migratoria integral y sostenible en República Dominicana.
Las propuestas buscan dotar al Estado de herramientas técnicas y políticas para enfrentar la situación migratoria con un enfoque de derechos humanos, evitando populismos que distorsionan las oportunidades reales de alcanzar soluciones a corto, mediano y largo plazo.
Durante el Diálogo Nacional sobre Migración, en el contexto de la crisis haitiana, el Colectivo enfatizó que la migración no puede abordarse solo desde la perspectiva de seguridad. "Se trata de un fenómeno estructural que sostiene sectores esenciales de nuestra economía, como la construcción, la agropecuaria y el trabajo doméstico, cuya contribución ha sido históricamente invisibilizada y sobreexplotada", señalaron los representantes sociales.
En la mesa de Asuntos Laborales, destacaron la necesidad de garantizar derechos plenos a los trabajadores inmigrantes, especialmente mujeres dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados. También se subrayaron la deuda histórica con los cañeros y sus descendientes, afectados por la falta de pensiones y restricciones en la nacionalidad. El Colectivo planteó revisar el principio de contratación 80–20, mejorar las condiciones de seguridad, higiene y salarios, e incentivar la capacitación mediante el INFOTEP, tanto para trabajadores dominicanos como extranjeros.
Mesa de diálogo
En la mesa de Desarrollo Fronterizo, se propuso que la gestión de la frontera combine infraestructura, tecnología y respeto a los derechos humanos, evitando militarizaciones indiscriminadas que afecten a comunidades y al comercio binacional, además de corredores logísticos seguros, ventanillas móviles y diversificación de destinos comerciales para proteger a productores y comerciantes fronterizos.
En la mesa de Seguridad Nacional, destacaron la necesidad de un enfoque integral que combine control tecnológico y militar, coordinación interagencial, gestión ordenada de flujos migratorios, y sobre la frontera dominico-haitiana, subrayaron la importancia de consolidar un sistema de coordinación interagencial que involucre Ejército, Armada, Policía Nacional, Migración, Aduanas, CESFRONT, DNI y otras entidades, estandarizando procesos y bases de datos.
En cuanto al flujo migratorio irregular, propusieron segmentar los planes de contingencia por sectores sociales, capacitar al personal en derechos humanos y migración. La interoperabilidad de bases de datos permitiría un seguimiento efectivo, respetando siempre el debido proceso, creando un Observatorio Binacional de Riesgos y Crisis y una Agencia Nacional de Inteligencia Regional especializada en Haití y el Caribe, con el fin de anticipar escenarios de desplazamientos masivos, crisis económicas, bloqueos logísticos o amenazas de bandas armadas. La institucionalización del análisis de riesgos permitirá transformar la vulnerabilidad en capacidad de respuesta.
El Colectivo enfatizó la necesidad de equilibrar soberanía y cooperación internacional, mediante un Protocolo Nacional de Cooperación Humanitaria Segura, regulando la participación de organismos internacionales sin comprometer la jurisdicción dominicana. También reiteraron que garantizar derechos a la población inmigrante no disminuye oportunidades para los dominicanos. "Mejorar las condiciones laborales de un sector fortalece a toda la clase trabajadora", enfatizaron. Entre los acuerdos complementarios se incluyó mantener comunicación fluida con OIM, ACNUR y OEA, reformar la ley 137-03 sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
Se recuerda que el Diálogo Nacional, encabezado por el presidente Luis Abinader, y la participación de los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, busca sentar las bases de una política de Estado con visión de largo plazo (2025–2045), que integre seguridad, desarrollo económico, derechos humanos y estabilidad regional, para consolidar a República Dominicana como referente en gestión migratoria y seguridad integral.
