La Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley este miércoles el proyecto que crea el Sistema Nacional de Alertas para Personas Desaparecidas, una normativa que ordena activar alarmas inmediatas cuando desaparezcan niños, mujeres en situación de violencia, envejecientes o personas con discapacidad.
La iniciativa, sometida por las diputadas oficialistas Carmen Ligia Barceló y Liz Mieses, fue aprobada en única lectura por mayoría de votos y ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.
La nueva legislación elimina la espera de 24 horas en casos de desaparición de personas vulnerables, permitiendo que la Policía Nacional de la República Dominicana y el Ministerio Público activen alertas de manera inmediata desde el momento en que se reporta el caso.
Así lo establece el artículo 16 de la normativa, que autoriza un despliegue rápido de operativos y mecanismos de búsqueda mediante medios de comunicación, redes sociales, medios de transporte, terminales, aeropuertos, hospitales y entidades de seguridad.
El proyecto también crea el Consejo Nacional de Personas Desaparecidas, integrado por instituciones como los ministerios de Interior y Policía, Defensa, Relaciones Exteriores y Mujer, además del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia y la Policía Nacional, entre otras entidades.
La ley contempla además la creación de un registro nacional de personas desaparecidas, el cual funcionará como una base de datos centralizada con información detallada sobre cada caso.
Según el artículo 35 del proyecto, el registro incluirá datos personales, descripción física, circunstancias de la desaparición, información médica relevante, fotografías recientes, contactos familiares y el estatus actualizado de la búsqueda.
La normativa también clasifica las alertas según el perfil de la persona desaparecida. Las alertas Amber serán utilizadas para niños y niñas; las alertas Silver para envejecientes y las alertas Rosa para mujeres en contexto de violencia o trata de personas.
Tras su aprobación en ambas cámaras legislativas, el proyecto fue remitido al presidente Luis Abinader, quien dispone de un plazo de diez días para promulgarlo u observarlo.
