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Dos de los primeros diez imputados en el caso de corrupción derivado de los allanamientos denominados por la fiscalía como Operación Lobo admitieron este martes su responsabilidad en los hechos que se les imputan, en el marco de la audiencia de medida de coerción que se conoce en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Se trata de Andrés Pacheco Valera, exencargado de seguridad de Edenorte, y Ramón Quezada Ortiz, quien formaba parte del equipo de seguridad de Edeeste.

La información la confirmó Mirna Ortiz, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Ambos implicados forman parte de una presunta red delictiva compuesta por militares activos, oficiales retirados y empresarios, que habría pagado más de 100 millones de pesos en sobornos para obtener contratos irregulares de servicios de seguridad privada en diversas instituciones del Estado.

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, conoce desde ayer lunes a puerta cerrada la audiencia. El Ministerio Público concluyó ayer la presentación del expediente acusatorio, por lo que los imputados avanzan en la réplica.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) expuso más de 500 elementos probatorios que sustentan la acusación, y que presuntamente vinculan a los imputados con prácticas fraudulentas en entidades como el Seguro Nacional de Salud (Senasa), el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y las distribuidoras eléctricas Edenorte, Edeeste y Edesur.

  • La procuradora adjunta Mirna Ortiz aseguró que la estructura pagaba sobornos a funcionarios responsables de contrataciones para asegurar los contratos.

“Estas prácticas afectan la libre competencia y violan la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas”, afirmó Ortiz, quien además señaló que la investigación sigue abierta y podrían producirse nuevos allanamientos y arrestos.

La Operación Lobo fue lanzada tras una denuncia presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, encabezada por Milagros Ortiz Bosch. Los arrestos fueron ejecutados luego de 15 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y Santiago, con la participación de 189 agentes policiales y 26 fiscales.

Imputados en el caso:

Militares y policías:

  • Mayor general (r) Carlos Ambrosio Robles Díaz
  • Coronel Andrés Pacheco Varela
  • Coronel Luis Ernesto Vicioso Bocio
  • Coronel Francisco Guarín Fernández Vásquez
  • Coronel Elías Caamaño Pérez
  • Coronel (FARD) Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar
  • Coronel (PN) Ramón Quezada Ortiz
  • Primer teniente Wellington Peralta Santos
  • Civiles y empresarios:
  • Quilvio Bienvenido Rodríguez González
  • Bolívar Nicolás Fernández Espinal
  • Miguelina Antonia Rosario Sánchez
  • Mateo Hernández Cabrera
  • Belkis Antonia Fernández
  • José Guillermo Rodríguez Estrella
  • Sterling Antonio Peralta Santos
  • Antonio Valentín Jáquez López
  • Miguelina Del Carmen Báez Tellería
  • Daniela Cuevas Santana

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