Potentini argumenta que la Resolución núm. 21-2025, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, así como la Circular núm. 003/2025 de la Dirección General de Administración y Carrera Judicial, de imponer de manera obligatoria el uso de plataformas digitales para la celebración de audiencias, "restringe indebidamente derechos fundamentales"
Cita que entre los derechos que se violan está el el acceso real y efectivo a los tribunales, el del debido proceso legal, la tutela judicial efectiva y el derecho al trabajo digno de los profesionales del derecho.
Solo virtual
Según el documento sometido, los tribunales ubicados en el edificio de las Cortes del Distrito Nacional celebran actualmente la mayoría de sus audiencias exclusivamente en modalidad virtual, a excepción de los procesos penales y los embargos inmobiliarios.
Esta medida, a juicio del gremio, ha generado serios obstáculos operativos y tecnológicos que afectan tanto a los abogados como a los ciudadanos.
"Los abogados se ven imposibilitados de dar seguimiento a sus expedientes, sufren retrasos injustificados, y enfrentan nuevas trabas tecnológicas y logísticas, como el acceso limitado a los archivos judiciales. Además, la eliminación del rol presencial de alguaciles y las notificaciones electrónicas han incrementado el riesgo de fraudes procesales", afirmó Potentini.
El CARD también señaló que esta virtualización forzosa contradice la sentencia TC/0286/2021 del Tribunal Constitucional, la cual declaró inconstitucionales las resoluciones que autorizaron audiencias virtuales durante la pandemia, por vulnerar principios fundamentales del debido proceso y de competencia institucional.
En este contexto, la entidad gremial considera que imponer la justicia virtual como único mecanismo, sin ofrecer alternativas presenciales, margina a un gran segmento de la población que no cuenta con los recursos tecnológicos necesarios, como acceso estable a Internet, computadoras o electricidad constante.
Asimismo, el gremio denunció que la medida también afecta el derecho al trabajo de cientos de abogados independientes, especialmente aquellos de escasos recursos o de edad avanzada, quienes enfrentan dificultades adicionales para ejercer su profesión en entornos digitales no adaptados a su realidad.
En su instancia, el Colegio de Abogados solicita al TSA que ordene al Consejo del Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia restablecer de inmediato la presencialidad en todos los tribunales afectados, conforme lo establece la Constitución y la jurisprudencia constitucional vigente.
"Altos riesgos" en edificación
El Poder Judicial ha afirmado que se aprobó la Resolución 21-2025 como respuesta "a los altos riesgos identificados para la seguridad de jueces, servidores judiciales y usuarios" en el edificio de las Cortes del Distrito Nacional, lo que pudiera representar un peligro ante eventos extremos como sismos, según estudios arrojados por la empresa Epsa Labco.
