Robert Martínez está convencido de que el método de encuestas para asignar candidaturas es muy problemático y debería eliminarse.
El candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo (FP) tuvo que librar una batalla interna y en el Tribunal Superior Electoral (TSE) para conservar su posición en la boleta de la circunscripción uno del Distrito Nacional.
Como diputado, dice que una de sus prioridades sería legislar para eliminar el uso de las encuestas.
"Este ha sido un asunto que ha suscitado problemas en todos los partidos políticos, que una vez que yo llegue al Congreso una de las primeras cosas que yo voy a hacer es eliminar el método de encuestas como elección en la Ley de Partidos Políticas (33-18)", promete el político.Esta norma fue promulgada en el año 2018 después de décadas de debates y dificultades para que las facciones partidarias se pusieran de acuerdo. Al año siguiente se consiguió también la aprobación de la Ley de Régimen Electoral, pieza que modificaron en el 2023.
En ambas normas el Tribunal Constitucional encontró violaciones a la Carta Magna en una serie de artículos que tuvieron que ser extirpados.
Martínez aprecia que esta modalidad es menos democrática porque no consulta a la gente. "En una encuesta se hace una muestra, tú no sabes a quién están encuestando. Al final, los partidos y las bases de ellos son los que tienen que decidir quiénes quieren que los representen en las diferentes posiciones", argumenta.
Primero regidor
Este candidato de 28 años de edad se enorgullece de haber ganado la regiduría del Distrito Nacional con el voto directo en las elecciones del 2020.
En esta función, se atribuye la autoría de la Ordenanza en materia de uso de suelo y la propuesta de un albergue animal, algo que no se pudo lograr por "un tema de espacio".
También, el haber ideado el Parlamento Juvenil Municipal, un programa que llamaba "el oído de tu comunidad" y la creación de más de 78 juntas de vecinos.
Sus propuestas
Una de sus promesas de campaña es hacer la función de contrapeso del Poder Ejecutivo, al que están obligados los legisladores, "para fiscalizar que el presupuesto pueda llegar a donde la gente ciertamente lo necesite".
