Crimen de Yostín reaviva tema de vigilar a depredadores sexuales
Con la promesa inocente de ir a jugar a una cancha, Yostín, un niño de 10 años de edad con autismo fue raptado, abusado sexualmente y asesinado por un hombre de 57 años, quien fue condenado a 15 años por agredir a otro niño en 2009.
La liberación de José Antonio Glass, señalado como el presunto responsable reveló una grieta peligrosa, sobre los agresores sexuales que cumplen condena, recuperan la libertad y regresan a las calles sin ningún tipo de control ni seguimiento estatal.
Actualmente en República Dominicana no existe un registro ni un sistema de supervisión para ofensores sexuales con condena, pese al riesgo de reincidencia y a los reclamos de mayor control para proteger a la niñez.
El artículo 29 del nuevo Código Penal establece penas complementarias y medidas sociojudiciales para un condenado por la comisión de una infracción muy grave, como la inscripción en el registro de agresores sexuales, administrado por el Ministerio Público. Sin embargo, estas normativas entrarán en vigencia para agosto del 2026, lo que limita la posibilidad de aplicar una condena más severas, como las penas acumuladas hasta de 60 años en el caso de Yostín.
La vida de este niño con todo un futuro por delante fue apagada dejando a toda una familia rota y una comunidad desconsolada.
Su agresor aplicó conductas de acercamiento y manipulación conocidas como grooming para ganarse su confianza, planificando cuidadosamente su rutina de engaño, mostrando un patrón de preparación deliberada que culminó en una atroz tragedia.
