La ministra de Interior y Policía se querelló contra los llamados comunicadores Ingrid Jorge Pérez y Ángel Martínez Jiménez, a los que acusó de difundir informaciones falsas en las redes sociales sobre su vida privada y como funcionaria con el interés de lesionar su integridad y su honra para forzarla a reaccionar bajo la coacción en el ejercicio de sus funciones públicas.
Faride Raful sostuvo que en sus querellas hizo uso del derecho a la justicia y al de la dignidad, que tienen todas las personas, incluida ella como servidora del Estado.
"Como servidora pública, estoy comprometida con el respeto al estado de derecho, a la justicia y al derecho a la dignidad, que es un derecho fundamental de todas las personas, incluyéndome a mí", expresó Raful al ser abordada por la prensa tras encabezar una reunión de seguridad ciudadana en el Palacio de la Policía Nacional.
Las acciones legales se interpusieron el pasado viernes ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, pero dadas a conocer ayer.
Solicita indemnización por RD$100 millones
En ambas querellas, Raful se constituyó en actor civil para demandar de Jorge Pérez y a Martínez Jiménez una indemnización ascendente a 100 millones de pesos (50 millones cada uno), por los daños y perjuicios de los que ha sido víctima en los últimos meses por los dos imputados.
Sostuvo que Jorge Pérez y Martínez Jiménez han hecho "un uso abusivo e ilegal de las plataformas digitales bajo su control para ventilar asuntos falsos con la clara intención de lesionar su integridad moral y su honra".
Las acciones legales citan que la difamación e injuria se difundieron a través de las plataformas Instagram (@ingridjorge) y del canal de YouTube "La Tora TV" "ambos pertenecientes a un conglomerado de medios en el que también participan su madre Claudina Pérez y otros familiares" de Jorge, y por el canal @DetectiveAngel, también de YouTube.
Martínez Jiménez reside en el estado de Florida, Estados Unidos, pero una medida de coerción que se le impuso, después de ser detenido por rebeldía en otros procesos en su contra por la misma acusación, lo obliga a permanecer en República Dominicana con impedimento de viajar.
"El querellado no solo afirmó poseer supuestos 'videos íntimos' de la señora Raful, sino que describió su contenido de forma denigrante y anunció su divulgación parcial como una suerte de 'especial', manifestando incluso que comenzaría a compartir imágenes", explica Raful en la querella contra "el Detective".
Sobre Ingrid Jorge, sostiene que, entre las informaciones falsas que ha difundido se incluye que "afirmó públicamente que posee un supuesto video íntimo" en el que llega "al extremo de describirlo gráficamente nombrando a otra figura pública y amenazando con divulgarlo si no cesaban ciertas acciones legales".
Se trata –continúa la querella– de una conducta abiertamente extorsiva agravada por la utilización de un medio masivo para forzar una reacción de la víctima bajo coacción".
A ambos comunicadores se les imputa violar el artículo 44 de la Constitución sobre el derecho a la intimidad y el honor personal y los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07, sobre difamación e injuria a través de medios electrónicos, y el 367 del Código Penal.
La funcionaria es representada por el abogado Miguel Valerio.
