Aunque República Dominicana ha logrado avances como la expansión de la red móvil 5G y la instalación progresiva de redes de fibra óptica, los ciudadanos siguen pagando una de las tarifas más altas de la región debido a la carga tributaria.
El 30 % del precio final de una factura de internet está compuesto por impuestos, dejando al país entre los tres con mayor carga fiscal del hemisferio, junto a Argentina y Brasil.
Esta carga proviene principalmente del ITBIS (18 %), del impuesto selectivo del 10 % aplicado específicamente a los servicios de telecomunicaciones, y de la contribución del 2 % de los ingresos brutos que deben realizar los operadores al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT), establecida por la Ley General de Telecomunicaciones 153-98.
Esto significa que de un prepago que cuesta 1,000 pesos, unos 300 pesos son de impuestos y recargos.
El servicio en RD
A pesar de estos costos, al tercer trimestre de 2024 en el país se reportaron 11 millones de suscripciones de internet. Sin embargo, este crecimiento se ha concentrado principalmente en el acceso móvil prepago, mediante planes de bajo consumo con paquetes diarios o semanales.
Los datos del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) indican que del total de 10.7 millones de líneas móviles activas, aproximadamente el 76 % corresponden a usuarios prepago.
En conectividad móvil, las suscripciones totalizan 9.77 millones. De estas, el 63.89 % utilizan tecnologías IMT Advanced (como 4G o 5G) y el 5.26 % se mantienen en estándares IMT-2000 (3G).
En cuanto a internet fijo, República Dominicana reporta 1,280,408 suscripciones, de las cuales el 88.7 % corresponden a usuarios residenciales.
La velocidad
La velocidad de conexión más común entre los hogares es de entre 30 megas y menos de 100 megas (34 %). Solo el 11 % accede a velocidades iguales o superiores a 100 Megabytes por segundo. Apenas el 9 % de los dominicanos cuenta con acceso a banda ancha fija de alta velocidad.
Otros países
El caso dominicano es atípico: con un PIB per cápita de alrededor de 12 mil dólares, el dominicano promedio enfrenta una carga impositiva sobre el internet similar a la de un ciudadano griego, cuyo ingreso es tres veces mayor.
En Estados Unidos, en cambio, los usuarios pagan 0 % de impuestos al acceso a internet gracias a una ley federal que prohíbe gravámenes estatales o locales sobre la conexión.
Países como México (16 %), Chile (19 %) o Colombia (23 %) aplican impuestos menores. Incluso economías centroamericanas como Guatemala, Honduras y El Salvador mantienen cargas en el rango del 12 % al 20 %, por debajo de la dominicana.
Brasil y Ecuador, dos de los países que antes compartían el podio de los más gravosos, han optado por reformas fiscales que han reducido sus cargas al internet.
En el caso brasileño, una reforma en 2022 reclasificó el internet como servicio esencial y redujo la tasa del impuesto ICMS estatal de 25 % a 17 %.
Ecuador eliminó por completo el Impuesto a Consumos Especiales (ICE) del 15 % sobre telecomunicaciones en 2021.
Sin cambios futuros
En cambio, el Gobierno dominicano ha descartado una reforma fiscal. El presidente Luis Abinader ha reiterado que su gestión no se encaminará hacia una nueva carga tributaria ni modificaciones fiscales estructurales en los poco más de tres años que le queda de mandato.
Esto implica que, al menos en el corto plazo, el impuesto selectivo del 10 %, junto al 2 % de la contribución al CDT y el ITBIS del 18 %, continuarán aplicándose.
Esto se interpreta como una forma de mantener al internet como una fuente constante de retención tributaria.
Los efectos de un internet caro
El costo social podría ser más alto de lo que indican las cifras recaudatorias. Altos impuestos pueden desincentivar el consumo de planes de mayor velocidad y reducir la capacidad de los operadores para reinvertir en infraestructura como redes de fibra óptica.
Según estudios citados por la GSMA y la UIT, una reducción de 10 puntos porcentuales en impuestos al internet podría aumentar la penetración de banda ancha fija, generar más actividad económica digital y expandir la base tributaria a mediano plazo. Esta lógica ha sido adoptada por países como El Salvador, Honduras y Colombia, que han eliminado o eximido de impuestos planes básicos de internet para familias vulnerables.
En RD, todavía el 15 % de la población está desconectada. Los datos de penetración también muestran disparidades entre zonas urbanas y rurales, y entre clases sociales. En Santo Domingo la cobertura móvil es casi total, pero en comunidades rurales del sur o de la frontera, el acceso a internet rápido sigue siendo precario. La combinación de ingresos medios, impuestos altos y acceso limitado a servicios de calidad puede ser un obstáculo para los objetivos de competitividad digital.
